Con la reciente aprobación de la Ordenanza N°0031, la Asamblea del Atlántico ha dado un paso firme hacia la transformación social del departamento, concediendo facultades al gobernador Eduardo Verano, para otorgar subsidios de vivienda en especie y en dinero, en el marco del proyecto “Aportes para el Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Viviendas en la Zona Urbana y Rural del Departamento del Atlántico”. Esta iniciativa busca no solo mejorar las condiciones de vida de miles de familias, sino también promover un Atlántico más equitativo y próspero.
El impacto de esta ordenanza va más allá de las cifras. Se trata de 10.000 subsidios familiares de vivienda, con montos de hasta 22 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV) en áreas rurales y hasta 18 SMMLV en áreas urbanas. Es un alivio palpable para las familias que cumplen con los requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015, otorgando una oportunidad única para dignificar su calidad de vida. Este subsidio se concederá una sola vez por hogar beneficiario, enfocándose en quienes realmente lo necesitan.
En un departamento donde 4 de cada 100 hogares no son propietarios de sus viviendas, este programa se presenta como una respuesta contundente y necesaria para atacar la desigualdad y mejorar los índices de pobreza. No solo se trata de subsidios para mejoramiento, sino también de la titulación de 20.000 predios, permitiendo que muchas familias que han ocupado terrenos de manera informal por más de una década puedan finalmente regularizar su situación.
El respaldo de la administración y la asamblea a los componentes del programa social “Mi Casa Bacana” refleja un compromiso genuino con los más necesitados. La meta de remodelar 10.000 viviendas y entregar 5.000 subsidios para la compra de nuevas demuestra que la política puede y debe estar al servicio del bienestar social. Esto es más que un trámite administrativo; es una inversión en el futuro del Atlántico y su gente.
La importancia de estas iniciativas radica en la capacidad de transformar vidas de manera tangible. La seguridad, la estabilidad y la dignidad que brinda una vivienda propia no tienen precio. Estos programas sociales no solo generan alegría en las familias beneficiadas, sino que también fortalecen el tejido social, reducen la inseguridad y proyectan al Atlántico hacia un futuro más inclusivo.
Es fundamental que tanto la administración departamental como la asamblea continúen impulsando estos programas con entusiasmo, valor y decisión. No hay mayor satisfacción que ver a nuestras comunidades prosperar, y esta ordenanza es un paso significativo en esa dirección. Queremos un Atlántico que crezca en sintonía con las necesidades de su gente, apostando siempre por lo social, lo equitativo y lo justo.
La aprobación de esta ordenanza no es solo un logro legislativo; es una declaración de principios. Es la promesa de que en el Atlántico, el desarrollo y el bienestar no son privilegios, sino derechos para todos. Seguiremos trabajando firme para que estos proyectos se multipliquen y lleguen a cada rincón del departamento, porque un Atlántico más social es posible, y con el apoyo de todos, lo haremos realidad.