El Servicio Geológico Colombiano informó un movimiento telúrico de 4.3 grados, con una profundidad menor de 30 kilómetros, con epicentro en el municipio de Sitio Nuevo, en el departamento del Magdalena.

Habitantes de Barranquilla y municipios cercanos, reportaron que la tierra tembló de manera fuerte a las 8:48 p.m. de este martes.

Municipios cercanos

Barranquilla (Distrito Especial, Industrial y Portuario) (Atlántico) a 7 km, Soledad (Atlántico) a 8 km, Galapa (Atlántico) a 19 km

Sentido en: Galapa, Baranoa, Barranquilla, Sabanagrande, Puerto Colombia, Polonuevo, Palmar de Varela, Malambo, Tubará, Soledad, Santo Tomás (Atlántico), Cartagena de Indias (Bolívar), Sitionuevo, El Banco, Santa Marta (Magdalena), Cúcuta (Norte de Santander), Sincelejo (Sucre).

 

Noticia en desarrollo.

Como John Fredy Reales Vásquez, fue identificado el hombre que murió en el CAMINO Murillo, luego de recibir varios disparos de arma de fuego en la tarde de este martes, en un atentado en el barrio La Magdalena, calle 42 con carrera 7 D.

De acuerdo con información suministrada por la Policía, Reales se encontraba en la mencionada dirección dialogando con varios sujetos y de un momento a otro se generó una discusión hasta el punto de que varios de ellos sacaron armas de fuego e iniciaron un intercambio de disparos.

La víctima recibió cuatro impactos de arma de fuego. Los asesinos se dieron a la huida en un taxi y la Policía analiza cámaras de seguridad para establecer el rumbo del mismo ya que tienen una posible placa del vehículo de servicio público.

Hasta un centro asistencial de Barranquilla fue traida una niña de 4 años para que recibiera atención médica, luego que el pasado lunes 4 de febrero cayera a la ciénaga donde se encuentra ubicado el corregimiento de Nueva Venecia, en jurisdicción de Sitionuevo, Magdalena.

Según relató su abuelo, la pequeña Brenda Luz Gutiérrez Mejía se hallaba en el patio de su casa, el cual fue rellenado con tierra y en un descuido la menor caminó hasta terminar en el agua de la ciénaga.

Las autoridades realizaron la inspección del cadáver y lo trasladaron a las dependencias de Medicina Legal de la capital del Atlántico.

La empresa Triple A adelanta acciones para evitar riesgos en el suministro de agua potable.

Los efectos del Fenómeno de El Niño ya empiezan a sentirse en la región Caribe. En la última semana, el nivel del río Magdalena descendió 38 centímetros. Por esta razón, la empresa Triple A anunció medidas para contrarrestar problemas con el suministro en las bocatomas de los acueductos.

El gerente de operaciones de Triple A, Ramón Hemer, manifestóque se están haciendo batimetrías constantes para hacer los dragados y tener un flujo de agua constante.

Así mismo indicó que, en un comité de gestión de riesgo de la compañía, se acordó realizar “trabajos preventivos” las 24 horas,para evitar situaciones que puedan llevar a la interrupción del servicio.

“Estamos implementado una serie de acciones preventivas para garantizar el servicio y evitar tener riesgos, aseguró Hemer.

Finalmente, hay que decir que hasta el momento no se registran problemas en los acueductos con el suministro de agua potable.

Resultados preocupantes en materia ambiental y de gestión del riesgo encontró la Contraloría General de la República al evaluar cómo avanza la implementación del Plan de Manejo de la Cuenca del Río Magdalena.

En varios aspectos, como en el tema de saneamiento de aguas residuales, las metas planteadas en este Plan, para el período 2007-2019, están muy atrasadas y por tanto lejos de cumplirse.

La CGR encontró que un 57% de los municipios de la cuenca no cuentan con sistemas de tratamiento de aguas residuales (PTAR). De 514 municipios, 294  no la tienen y 220 sí*.

Esto significa que los municipios vierten sus aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento directamente a las corrientes que conforman la cuenca del Magdalena.

Para la Contraloría, este hallazgo indica que no se ha podido avanzar en el reto principal del plan sectorial para el saneamiento básico, que comprende la ampliación de coberturas de alcantarillado en áreas urbanas y el tratamiento de las aguas residuales en zonas rurales.

Estas deficiencias tienen un impacto negativo en el medio ambiente e inciden en el deterioro de la salud de la población que habita en la cuenca.

Las corrientes que conforman la cuenca del Magdalena reciben vertimientos no tratados en su totalidad de grandes centros como Bogotá, Barranquilla y en menor escala (pero también con una incidencia negativa), de ciudades como Neiva, Ibagué y Soacha.

Aguas servidas sin tratamiento

La CGR evidenció que, aunque se ha presentado un incremento en la cobertura de las PTAR para 5 jurisdicciones de la cuenca, que comprenden 78 municipios, un porcentaje representativo de las aguas servidas en los municipios se queda sin tratamiento, aunque cuenten con PTAR, dado que no todas las aguas conducidas por la red de alcantarillado son tratadas en las plantas.

Dado el efecto que la falta de tratamiento de las aguas servidas causa sobre la salud de la población y el medio ambiente, las poblaciones ribereñas se están viendo seriamente afectadas por su limitación al acceso de agua potable y por el deterioro del recurso pesquero.

Por este motivo, la CGR considera imperativo que las entidades competentes formulen y desarrollen políticas y gestionen, igualmente, planes de inversión para adelantar la construcción de PTAR en los municipios de la cuenca del Río Magdalena, que concentra un porcentaje representativo de la población colombiana.

Según aducen las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) con jurisdicción en la cuenca, entre las limitaciones para adelantar un efectivo saneamiento básico se destaca la falta de recursos por parte de los municipios para construir, adecuar y operar los sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Riesgo en la prevención de inundaciones

El estudio de la Contraloría determinó también que la responsabilidad en la gestión de riesgos asociados a inundaciones y disponibilidad en la cuenca, reposa en entes territoriales con baja capacidad financiera e institucional para su ejecución.

Un 68% de los municipios ribereños indagados por la CGR desconocen los alcances del Plan de Manejo de la Cuenca del Río Magdalena y no implementan mecanismos de prevención y mitigación de riesgo en inundaciones de alta y baja velocidad.

Y, además, no ha sido adoptado ninguno de los 60 Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS), priorizados desde 2012 para incorporar el componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial.

El rezago (del 48%) en el ordenamiento del recurso hídrico de la cuenca, refleja en alguna medida el estado de la misma, dado que aspectos como asentamientos industriales y desarrollo de actividades agrícolas en áreas no aptas para tal fin conllevan efectos negativos sobre los recursos naturales de la cuenca y por ende el deterioro de la misma.

Al igual que sucede en buena parte del país, los avances alcanzados en materia de prevención de desastres son bajos, poco articulados, dispersos en la geografía y no permiten prevenir, mitigar o controlar los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos que periódicamente se presentan, lo que puede ocasionar un aumento en la vulnerabilidad económica, social y ambiental en muchos municipios.

Otras fallas detectadas por la CGR:

*Las metas propuestas en el tema de reforestación y control de la erosión son muy modestas respecto de las necesidades identificadas y, por tanto, no conducen al mejoramiento de la calidad ambiental de la Cuenca.

Para los 12 años de vigencia del Plan de Manejo de la Cuenca, Cormagdalena fijó como meta la intervención en 4.000 hectáreas. Este valor equivale, en promedio, a la reforestación anual de 333 hectáreas y al 0,22% del total de las necesidades identificadas para toda la Cuenca.

Para alcanzar esta meta, durante los 11 años transcurridos, Cormagdalena participó en cuatro proyectos que tuvieron por objeto la revegetalización de áreas en diferente condición, en una superficie total de 2.062 ha, que representan el 51,5% de dicha meta.  Ello indica que no solo la meta es poco significativa frente a la magnitud de las necesidades identificadas, sino que la insuficiencia de las acciones adelantadas no ha permitido siquiera alcanzar la precaria meta propuesta.

*La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) no asume la responsabilidad de ejecutar las acciones y recomendaciones establecidas en el Plan de Manejo de la Cuenca.

Por el contrario, argumenta que las mismas son competencia de los entes territoriales y de las corporaciones ambientales, quienes a su vez desconocen los lineamientos para su implementación, por lo que la ejecución de un significativo porcentaje de componentes en los ejes de reforestación, calidad de agua y restricción de caudales cae en un vacío de responsabilidades que se encuentran sin cumplimiento.

*En materia de inversión sobre el Río Magdalena, se evidencia dispersión de recursos y esfuerzos en la gestión ambiental de esta arteria fluvial, toda vez que convergen recursos de fuentes que no coordinan sus acciones de intervención, particularmente las relacionadas con instrumentos de planeación y gestión como el PMC.

*La reducida destinación de recursos a la gestión ambiental por parte de Cormagdalena, unida a la limitada dimensión de las metas establecidas en el PMC; así como los bajos logros en la implementación de las acciones para alcanzarlas, denotan incumplimiento de Cormagdalena de su función ambiental.

*Se evidencia una baja capacidad institucional para garantizar la coordinación Ambiental en la cuenca del Río Magdalena, acciones fragmentadas, no definidas legalmente y con bajo compromiso institucional.

*La creación de Cormagdalena se inspiró en la figura de una entidad que gestionara, ejecutara y coordinara recursos tanto para la navegabilidad como para la adecuada gestión ambiental en la cuenca, pero estas actividades trazadas en el Plan de Manejo de la Cuenca, evidencian bajo índice de cumplimiento y ejecución.

*El manejo poco eficiente de los vertimientos se ha generalizado en país. Tanto que, según la Superintendencia de Servicios Públicos, apenas un 48,2% de los municipios del país tienen plantas de tratamiento de aguas residuales.