Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos son algunos de los primeros en pronunciarse tras el golpe de Estado del Ejército, que declaró el estado de emergencia por un año y detuvo a la consejera de estado del país del sudeste asiático, Aung San Suu Kyi, el presidente, Win Myint, y otros altos funcionarios del gobierno.
Líderes políticos de varios países pidieron la puesta en libertad de los detenidos y el restablecimiento del proceso democrático en el país.
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