Ante el no pago de sus acreencias trabajadores de empresa Pizano S.A. en liquidación entablarán demanda civil, penal y administrativa contra el Estado

Captura de pantalla imagen aérea de empresa Pizano S.A.

Los trabajadores de Pizano S.A. empresa que en su momento fue referente en la industria barranquillera se encuentran en un limbo tras la liquidación de la misma. Proceso que inició en el año 2018 y desde entonces 400 empleados se han enfrentado a un viacrucis en dónde ha reinado la incertidumbre.
Eduardo Larios Mulford, quien trabajó durante gran parte de su vida en Pizano S.A. nos contó la difícil situación que afrontan.

«Trabajé durante treinta años en la empresa Pizano SA. otrora una de las industrias abanderadas de esta ciudad. La empresa empezó a decaer por cuestiones de competencia porque los equipos se volvieron obsoletos ya no era competitiva y el 13 de febrero de 2018 el presidente quien era Jorge Girón, nos reunió con un señor llamado Víctor Támara, que se identificaba como el liquidador de la compañía nos dijo que desde ese momento la empresa entraba en liquidación judicial, una liquidación que hicieron entre gallos y medianoche en siete días, imagínate tú cuando ese proceso es largo para aprobar una liquidación de ese tipo», indicó Mulford.

Mulford manifestó que han librado una lucha jurídica con entidades financieras pues la empresa últimamente pertenecía al grupo Aval del banco Bogotá, Av Villas, banco de occidente, Sarmiento Ángulo.

«Nos dijeron que había un patrimonio de doscientos mil millones de pesos en activos y que el señor liquidador Víctor Támara los iba a administrar con el fin de que nos pagarán como nosotros éramos en la escala de pago primer nivel, después venía la DIAN, después los proveedores. Había una hipoteca con los mismos bancos eso fue una lucha jurídica con esos bancos porque querían estar en primer nivel para que les pagaran primero a ellos, total dijeron que no que los trabajadores eran primer nivel y que a ellos había que pagarles primero. La liquidación de 400 trabajadores es decir 400 familias vale 25.000 millones de pesos y había en activo 200.000 millones de pesos. Habían unos pensionados directos con la compañía alrededor de unos 40 pensionados, y habían unos señores que tenían protección porque les faltaban tres años para jubilarse o estaban aforados en sindicato a toda esa gente había que pagarles hasta que se acabara la liquidación no podían votarlas. Este señor empezó a mal administrar esa compañía que dejaron tirada ahí, empezó a mal vender las cosas, los equipos nuevos los vendió como chatarra, entonces lo único que quedaba era el lote. El lote vale 72.000 millones de pesos y pensamos de ahí nos pagan a nosotros, el lote tiene 14 hectáreas está en el Distrito Portuario de Barranquilla buen punto para las exportaciones y todo eso bueno será eso que alguien compre eso», señaló Mulford.

En medio del proceso se le sumó la pandemia por coronavirus lo que modificó el tramite del mismo. 

«Se metió la pandemia hubo los problemas económicos que todos sabemos y todo se cayó, entonces el presidente sacó un decreto dónde decía que las empresas que estaban en liquidación podían entrar al sistema de martillo y contrataron una empresa, Al Popular y se hicieron dos subastas, una por 71.000 millones de pesos y otra por el 50. Yo estuve en Miami promocionando el lote había gente interesada y según este señor nadie se presentó nunca y según el martillo que era el mismo grupo Aval nadie se presentó. Entonces se acabaron las subastas y este señor es el custodio y el responsable de todos los activos de la compañía, él tenía que proteger ese lote. Bueno como que dejó eso sin vigilancia o nada más tenía dos vigilantes y la gente de por ahí se metió acabaron con las edificaciones de la empresa, las edificaciones tenían un valor de 20.000 millones de pesos dentro de los 72.000 millones de pesos y eso lo volvieron nada ahí y mira los hechos trágicos que sucedieron ahora», dijo Mulford.

Ante la pesadilla que viven los 400 extrabajadores de Pizano S.A., sin solución a la vista para que les sean pagadas sus acreencias, estos entablarán una demanda contra el Estado Colombiano.

«Nosotros vamos a entablar una demanda civil penal y administrativa contra el Estado y con algunos funcionarios de la Superintendencia porque se han hecho los de la vista gorda. Y administrativa porque el Estado es quien nombra el liquidador, la Superintendencia es quien nombra liquidador o sea el liquidador se vuelve un funcionario público y a nosotros nos tienen que responder por nuestras acreencias. Nuestras acreencias valen 25.000 millones de pesos, en caso de que no se diera nada de eso de la subasta entonces viene la etapa de la adjudicación, entonces hay se voltea el asunto porque los bancos tienen mayoría de voto entonces ellos son los que van a coger el lote y se van a apropiar de ellos porque a ella les deben como 20.000 millones de pesos y harán con uno lo que le dé la gana, ni le pagarán a uno, la verdad es que estamos estamos en el limbo y que no sabemos que va a pasar. Estamos agotando todas las instancias jurídicas», concluyó Eduardo Larios Mulford, extrabajador de Pizano S.A..