Es una historia de esas de no creer: para atender las
consecuencias de la ola invernal de 2010 que afectó por esa época al municipio
de Caimito (Sucre), la DIAN donó unas mercancías a la dirección de gestión de
riesgo, que consistían en 24.568 pares de zapatos por un valor total de $519
millones, que literalmente desaparecieron. Solo quedó evidencia de la entrega
de algo más de cien.
Los 24.568 pares de zapatos fueron entregados al Comité Regional para la Prevención y Atención de
Emergencias y Desastres – CREPAD Sucre, que se los entregó a su vez al entonces
Alcalde de Caimito, Edilberto de Jesús Montes Muñoz, quien se comprometió a
enviar las planillas firmadas por las familias que recibirían esas donaciones,
sin que así lo hiciera.
La Contraloría pudo determinar que de esos
24 mil pares de zapatos solo se entregaron los correspondientes a 159
beneficiarios de 3 comunidades.
159 beneficiarios de un pueblo que, para
entonces, según la base del Sisbén tendría un poco más de 12 mil habitantes.
Las otras
comunidades manifestaron que nunca habían recibido zapatos ni
conocieron de entregas realizadas a damnificados.
De hecho, la Contraloría nunca obtuvo
evidencias de las entregas del calzado.
Pese a las actividades desplegadas por el
Despacho, con el objeto de verificar las circunstancias en que se habrían
desarrollado las entregas del calzado, no se obtuvo nada aparte de unas fotos
donde se observa la entrega del calzado a personas mayores de edad y menores de
edad, sin que dichas imágenes fueran complementadas con otros documentos de
soporte, como las planillas de entrega de las ayudas.
Así mismo, la persona que con autorización
del alcalde (un funcionario de la UMATA local) recibió el calzado, declaró a la
Contraloría que los zapatos se pusieron en un camión grande y por seguridad
fueron depositadas luego en la estación de Policía y al día siguiente vio que
estaban siendo cargados en un vehículo y fueron llevados a un lugar que
desconoce.
La Contraloría determinó que los zapatos
aparecieron luego en la casa del conductor del alcalde, sin ningún tipo de
protección y sin documento alguno que evidenciara la entrega formal en
depósito.
Por estos hechos, la Contraloría General
de la República, encontró un detrimento al patrimonio público, valorizado
inicialmente en $519,4 millones, que, indexados a la fecha, corresponden a un
daño por $702.061.475, cuyos responsables serían:
*Edilberto de Jesús Montes Muñoz, alcalde
del municipio de Caimito para la época de los hechos;
*José Nicolás Vega Lastre, Coordinador del
Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres – CREPAD para la época
de los hechos
*Y Kevin Ricardo Caly, Secretario de
Planeación del municipio de Caimito, para la época de los hechos.
