El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, lideró una reunión extraordinaria del Comité de Seguridad sobre los recientes hechos ocurridos en la Universidad del Atlántico, en la que se decidió continuar con la investigación de la situación en la que unos soldados de la Segunda Brigada del Ejército tuvieron un encuentro con estudiantes de esa alma mater, durante una manifestación. También se ratificó que la Policía Nacional es la Institución encargada de velar por la seguridad e integridad de las personas que circundan una manifestación en las calles.
El gobernador indicó que él y los
demás miembros del Comité de Seguridad de la universidad están satisfechos con
las declaraciones del comandante de la Segunda Brigada del Ejército, coronel
Juan Carlos Aparicio, en el sentido de que los soldados, en el cumplimiento de
otras misiones, solo pasaban por el corredor universitario y no desarrollaban
actividades de vigilancia, ni de ningún tipo, alrededor de la manifestación que
adelantaban los estudiantes.
“Entendimos que fue un hecho aislado,
no fue ningún movimiento promovido u organizado por la autoridad en contra de
las expresiones de estudiantes universitarios. Hay plenas garantías para
protestar, pero queremos que sea dentro del orden establecido. Estas
explicaciones de las autoridades son para evitar malos entendidos y problemas
posteriores, esperamos que sean satisfactorias y se continúe con total
normalidad las actividades de la universidad”, anotó Verano.
El evento que fue analizado en la reunión ocurrió el 30 de septiembre, cuando una patrulla motorizada del ejército, que venía de regreso de otra actividad, pasó junto a una de las manifestaciones de estudiantes de la Universidad del Atlántico que hace parte de las jornadas nacionales de protesta contra el ESMAD. Al parecer, en un momento de confusión, soldados de otra patrulla tuvieron que dispersar a una multitud que no permitía avanzar a la patrulla motorizada.
Hasta el momento, el Ejército
ratifica que los ocho soldados regresaban de una misión, de Puerto Colombia a
Barranquilla, en cuatro motocicletas del Ejército, que al pasar por el corredor
universitario tuvieron un encuentro con la manifestación, pero que no se
adelantaba ninguna misión.
A la reunión del comité asistieron el
comandante de la Segunda Brigada del Ejército, coronel Juan Carlos Aparicio; el
comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Ricardo
Alarcón; el rector de la Universidad del Atlántico, Carlos Prasca; la defensora
Regional del Pueblo, Alma Riquett y el secretario del Interior del Atlántico,
Jorge Ávila Pareja.
El secretario del Interior
Departamental, Jorge Ávila Pareja, manifestó que se tomaron las medidas que
corresponden a las autoridades encargadas de dar seguridad a la comunidad
universitaria, específicamente la Policía Nacional, que en el caso de la
Ciudadela Universitaria le corresponde a la Policía Metropolitana de
Barranquilla, por estar ubicada en el municipio de Puerto Colombia.
“En la reunión ha quedado claro que
el Ejército no ha estado, ni está o estará a cargo de actividades de protección
de la Universidad del Atlántico, porque eso es tarea de la Policía. También
contamos con el respaldo de la Defensoría del Pueblo y esperamos los avances de
las investigaciones de la institución militar”, apuntó Ávila Pareja.
En la reunión se conoció que la
Segunda Brigada realizará internamente la investigación para aclarar los
hechos, pero el coronel Aparicio recalcó que en ningún momento sus hombres
entraron a la universidad porque no es lo que corresponde y ayer no había
ninguna autorización.
La Secretaría del Interior de la
Gobernación del Atlántico trabaja de la mano del Ministerio de Educación para
tomar las precauciones necesarias ante los plantones que universitarios
convocan en todo el país, garantizar que sean respetados los derechos de sus
participantes y procurar desde el Estado garantizar la vida, los bienes y la
honra de todos los ciudadanos que circundan alrededor de los sitios donde
tengan lugar las manifestaciones.
La Gobernación hizo un llamado a toda
la comunidad a proteger los bienes de la Universidad del Atlántico, en la que
se evalúan algunos daños registrados a la infraestructura recientemente.