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La seguridad debe convertirse en una política de Estado que proteja la vida: Rumenigue Monsalve
SEGURIDAD CON AUTORIDAD, PREVENCIÓN Y RESPETO POR LOS CIUDADANOS DE BIEN.
La seguridad no puede seguir siendo una promesa. Debe convertirse en una política de Estado que proteja la vida, garantice la tranquilidad de las familias y fortalezca la confianza de quienes todos los días trabajan honestamente por Colombia.
Hace varios años, siendo alcalde de Malambo, propuse abrir un debate nacional sobre el porte legal de armas para ciudadanos de bien, una iniciativa que en su momento generó amplia discusión y que hoy, frente al crecimiento de la delincuencia, vuelve a cobrar vigencia.
Mi posición ha sido la misma: la seguridad debe ser integral.
No basta con aumentar el pie de fuerza. Es necesario actuar de manera coordinada en la prevención, la inteligencia, la justicia, la tecnología y el respaldo a los ciudadanos que cumplen la ley.
Por eso propongo una estrategia nacional basada en los siguientes pilares:
- Fortalecimiento de la Policía Nacional y de los organismos de inteligencia e investigación.
- Recuperación de los frentes de seguridad y del trabajo articulado entre autoridades y comunidad.
- Mayor inversión en cámaras de videovigilancia, iluminación y herramientas tecnológicas para prevenir el delito.
- Programas sociales y oportunidades para jóvenes como estrategia de prevención.
- Protección efectiva a comerciantes, empresarios, transportadores, mototaxistas y ciudadanos que diariamente son víctimas de la delincuencia.
Dentro de esta estrategia, considero que el Gobierno Nacional debe revisar el régimen actual que restringe el porte de armas y evaluar la conveniencia de modificarlo, permitiendo que ciudadanos que cumplan rigurosamente con todos los requisitos legales, psicológicos, médicos y de capacitación puedan acceder al porte legal de armas.
No estamos hablando de entregar armas indiscriminadamente ni de promover la justicia por mano propia.
Estamos hablando de reconocer el derecho de quienes cumplen la ley a solicitar un permiso dentro de un sistema transparente, con controles estrictos, supervisión permanente y causales claras de suspensión o revocatoria.
Asimismo, considero que es oportuno revisar el actual esquema de permisos especiales, con el propósito de garantizar que cualquier autorización para el porte legal se otorgue bajo criterios objetivos, transparentes y verificables, fortaleciendo la confianza ciudadana y la seguridad jurídica.
La delincuencia no puede seguir teniendo ventajas frente a quienes trabajan, producen y sostienen la economía del país.
La seguridad debe construirse con autoridad, prevención, tecnología, inversión social y decisiones responsables.
Es momento de abrir un debate serio, técnico y sin prejuicios sobre el futuro de la seguridad en Colombia.
