Concejo de Barranquilla solicita informe sobre el estado de su nueva sede institucional

En el marco de la sesión plenaria del Concejo Distrital, el cabildante Juan José Vergara Díaz radicó y obtuvo el respaldo unánime a una proposición de control político que solicita un informe detallado sobre los avances de la nueva sede administrativa. El concejal recordó que, tras años de gestiones, es indispensable que la ciudad cuente con una infraestructura que refleje su progreso y garantice, primordialmente, la seguridad de los ciudadanos y del personal de la corporación.

Esta urgencia se sustenta en un informe técnico de patología estructural que revela fallas críticas en las instalaciones actuales, especialmente en materia de vulnerabilidad sísmica y hacinamiento. ”Estamos en riesgo ahora mismo”, advirtió el cabildante, al señalar que la edificación vigente incumple las normas de accesibilidad y carece de condiciones óptimas para el personal administrativo que ha laborado por años en entornos deteriorados. Ante este panorama, el traslado a la casa patrimonial del barrio El Prado (Calle 70 N° 61 – 11) se consolida como una solución definitiva de rescate institucional y arquitectónico.

La adecuación en el barrio El Prado cuenta con el aval del Ministerio de Cultura, bajo la Resolución 1704 de 2025. El proyecto integra un recinto de sesiones dotado con tecnología de vanguardia para audio y transmisión, así como dependencias administrativas optimizadas y áreas de coworking. Asimismo, la infraestructura garantiza accesibilidad universal y dispone de espacios exclusivos para la prensa y la ciudadanía, evolucionando hacia un modelo institucional más abierto, moderno y participativo.

Para asegurar que este proyecto avance sin más demoras, la plenaria aprobó citar a debate de control político a los secretarios de Planeación (Diana Mantilla), Obras Públicas (Rafael Lafont), Hacienda (Emelith Barraza) y Cultura (Johnny Vizcaíno), junto a los gerentes de la ADI (José Luis Romero) y Edubar (Angelly Criales). Los citados deberán rendir cuentas sobre el cronograma de actividades y la disponibilidad presupuestal, bajo el compromiso de la corporación de realizar un seguimiento estricto para que las obras, estimadas en un periodo de siete a ocho meses, inicien de manera inmediata.