La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) llamar a versión libre a los entonces comandantes entre el 2005 y 2007 de la Décimo Primera Brigada y el Batallón de Contraguerrilla No. 79, que estarían implicados en casos de ejecuciones extrajudiciales conocidos como ‘falsos positivos’ en Antioquia.
La petición de la Procuraduría se da en medio de las investigaciones dentro del caso 003 de esa jurisdicción especial, que se relaciona con “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.
Para la Procuraduría, la Sala de Reconocimiento de Verdad debe priorizar esos casos y llamar “a rendir versión voluntaria a los comandantes de estas unidades entre 2005 y 2007, quienes presuntamente podrían estar implicados en los hechos que rodearon la victimización de personas que fueron sepultadas en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba, Antioquia”.
La Procuraduría también elevó solicitud para que la JEP establezca un plan de trabajo encaminado a la identificación de todos los cuerpos inhumados y determine si ellos “corresponden a víctimas de desaparición forzada que fueron denunciadas en Medellín durante los años 2005 a 2007”.
La Procuraduría advirtió sobre las amenazas de las que han sido víctimas los testigos que han rendido declaración y que permitieron las inhumaciones en el cementerio el pasado nueve de diciembre, en donde las autoridades y los magistrados Alejandro Ramelli, Gustavo Salazar y María del Pilar Valencia, encontraron varios restos humanos que podrían corresponder a los falsos positivos.
La Procuraduría solicitó a la JEP “proceder con celeridad a la evaluación de riesgos y la adopción de todas las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de los militares, que han colaborado con el esclarecimiento de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate”.
