Representante Jezmi Barraza denuncia grave desfinanciación para la niñez en el Atlántico y exige trámite urgente a proyecto de Entornos Seguros

Durante la plenaria de la Cámara, la congresista alertó sobre las alarmantes cifras de violencia sexual y embarazos infantiles en el departamento.

En medio de la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, la congresista por el departamento del Atlántico y Presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, Jezmi Barraza Arraut, alzó su voz de protesta ante la falta de recursos reales y respuestas oportunas del Estado frente a la crisis de violencia que enfrenta la niñez en la región Caribe.

A través de una constancia oficial, la Representante exigió a la Mesa Directiva de la corporación el agendamiento y trámite inmediato del proyecto de ley de «Entornos Seguros», de su autoría, argumentando que la protección de los menores requiere medidas estructurales y no solo discursos. «El Estado no puede llegar solamente a lamentarse después de la violencia; tiene la obligación de prevenir y actuar a tiempo», sentenció la congresista.

Cifras que exigen acción inmediata
Durante su intervención, Barraza expuso un panorama crítico basado en datos recientes de las autoridades. Según los reportes de abril de la Gobernación del Atlántico, se documentaron 295 embarazos en adolescentes de 10 a 19 años (111 de ellos concentrados en Soledad), 26 casos de violencia sexual contra menores de 14 años y un incremento del 33,3 % en la fecundidad en niñas de esa misma edad.

A esto se suma la Alerta Temprana 019-26 de la Defensoría del Pueblo, que advierte vulnerabilidad por presencia de estructuras armadas en municipios como Baranoa, Luruaco, Polonuevo, Repelón y Sabanalarga; así como las alertas de la Procuraduría por demoras críticas en los restablecimientos de derechos y falta de personal en las Defensorías de Familia.

Presupuesto de papel
La congresista denunció una preocupante desconexión entre la crisis territorial y el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. Explicó que, si bien el ICBF cuenta con más de $10,4 billones de inversión a nivel nacional, la regionalización para el Atlántico destina apenas $39.210 millones específicos para prevenir y atender la materialización del riesgo y vulneración de derechos de los menores, y solo $5.466 millones para la articulación en el territorio del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

«Es inaceptable que frente a un presupuesto de inversión departamental total de $2,3 billones, la protección directa frente a la violencia hacia nuestros menores reciba esta ínfima proporción. La ejecución financiera en una tabla de Excel no demuestra, por sí sola, que una niña haya recibido protección a tiempo», puntualizó.

Finalmente, la Representante solicitó formalmente al ICBF, a la Gobernación del Atlántico y a las autoridades de salud y justicia, un reporte técnico, transparente y actualizado sobre los tiempos de respuesta reales, las vacantes sin proveer y la ocupación de los hogares de paso.