Recortar burocracia para corregir el déficit primario, priorizar la inversión social y ajustar el ICA para que se grave sobre utilidades y no sobre ventas, sin incrementar la carga impositiva.
A propósito de la discusión del Presupuesto General de la Nación de 2026, el precandidato presidencial Mauricio Lizcano presentó sus lineamientos para una reforma tributaria y de gasto público que combine equilibrio fiscal con protección a la inversión social. Su enfoque parte de ordenar las finanzas públicas y simplificar el sistema impositivo sin aumentar los tributos.
La primera apuesta, dijo, debe ser la eficiencia del Estado para cerrar la brecha entre ingresos y egresos. “Hay que recortar la burocracia”, afirmó, al insistir en eliminar duplicidades y reasignar los ahorros hacia educación, salud y empleo. Según su diagnóstico, el desbalance fiscal actual requiere disciplina y mejor gestión, más que recortes a la prestación de servicios esenciales.
Lizcano enfatizó que su planteamiento no incrementa la presión tributaria. “Reforma tributaria, pero no para poner más impuestos”, señaló, dejando abierta la posibilidad de ajustes sectoriales: “de pronto para bajar en algunos casos el impuesto a la renta” y “redistribuir las cargas tributarias” con el fin de favorecer la formalidad, reducir costos de cumplimiento y dar previsibilidad a los contribuyentes.
Respecto al Impuesto de Industria y Comercio (ICA), cuestionó que hoy “los comerciantes pagan con base en las ventas”, pese a que “uno puede vender y trabajar a pérdida”. En esa línea, propuso que el tributo se calcule sobre la capacidad real de generación de utilidades, y no sobre las ventas brutas, evitando gravar operaciones que no se traduzcan en ganancias efectivas.
Con un gasto más ordenado y una estructura tributaria más justa y simple, su propuesta busca corregir desequilibrios, fortalecer la confianza, orientar recursos hacia prioridades sociales y estimular el empleo y la actividad productiva.
Lizcano enmarca el debate en criterios técnicos y de sostenibilidad fiscal, y resume su orientación en la necesidad de “una reforma estructural, una reforma impositiva” que incentive la inversión sin aumentar la carga total.
