Columna de opinión 30 de julio de 2021
Un perfil situacional del cambio climático en el departamento del Atlántico, nos permite ver cómo a lo largo de los últimos años se han presentado incrementos de temperatura, del nivel del mar, frecuencia e intensidad de las inundaciones e incluso aspectos como la morbilidad y mortalidad pueden haber variado por situaciones de cambio climático (la pandemia del COVID-19), con cambios consecuentes en el sistema económico y de las condiciones del entorno, esto nos lleva a una mayor precisión al momento de implementar las acciones que se deben implementar para contrarrestar el mismo.
El cambio climático depende de aspectos naturales, pero también de factores humanos que lo afectan y son precisamente esos los que hay que atenuar, por ello trabajamos por una agenda articulada de la gestión local y regional en concordancia con las metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), las cuales deben revisarse cada 5 años con el fin de ajustarlas para que sigan avanzando cada vez más con mayor rigurosidad en lo pactado en el acuerdo de París (2015).
Una de las estrategias climáticas a largo plazo de Colombia para cumplir con el acuerdo de París; es la economía circular, a través de la cual, se contribuye a alcanzar la resiliencia climática socio-ecológica para el año 2050 en nuestro país.
La idea es que la estrategia se mantenga en vigencia durante todos los periodos presidenciales que faltan de aquí hasta el 2050, pues la economía circular genera nuevas oportunidades de negocio, nuevos empleos, disminuye la generación de residuos y emisiones de gases contaminantes. Esto quiere decir, que se convierte en una alternativa de producción y consumo sostenible para una economía innovadora e incluyente, tal como la que busca tener Colombia.
Es fundamental el reconocimiento que hace este acuerdo a los gobiernos nacionales y locales como actores fundamentales para acelerar esas acciones transformadoras, incorporando medidas relativas al cambio climático en las políticas y estrategias; incluso se resalta el hecho de tener Planes de Adaptación al Cambio Climático y Leyes que respalden esta gestión, tal como la Ley 1931 del 2018. Además, destacó que se deben proponer incentivos que motiven a la comunidad a ser más amigables con esta estrategia y generar procesos adaptativos.
Nuestra invitación, desde la Autoridad Ambiental, es a priorizar el fortalecimiento de la capacidad adaptativa de los territorios del Departamento, ya que de esta forma se podrán afrontar los riesgos de la variabilidad climática, de lo contrario, “corremos el riesgo de que en unos años todos nuestros municipios estén en peligro de medio a alto y específicamente en nuestras zonas costeras, podríamos enfrentarnos a una pérdida de cerca de 50.000 hectáreas, además con riesgo potencial de inundaciones, sequías, movimientos de masa y deslizamientos”.
Jesús León Insignares
Director General
