En primera instancia la Procuraduría General de la Nación suspendió por dos meses a Carlos Mafio Granados Buitrago, director del Instituto de Tránsito Departamental del Atlántico, por omitir durante más de 40 días la respuesta oportuna, clara y de fondo de un derecho de petición, cuando lo reglamentado es de 10 días hábiles luego de su recepción.
«La solicitud iba dirigida a obtener información y copia de los documentos relacionados al trámite de traspaso de la propiedad de un vehículo, y a conocer si la secretaría de Hacienda estaba enterada del cambio de propietario», indicó el Ministerio Público.
La Procuraduría Regional del Atlántico encontró que, el disciplinado también incumplió su deber como funcionario público al no acatar el fallo de tutela del Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, que ordenó dar respuesta de fondo al derecho de petición.
