La Contraloría General de la República
investiga a la Gobernadora (E) de Córdoba, Sandra Patricia Devia, y los
exgobernadores Alejandro Lyons y Edwin Besaile, por un presunto hallazgo fiscal
de $45.083 millones de pesos, relacionado con un millonario contrato de
investigación de ciencia y tecnología donde se pagaron unos $29 mil millones, a
pesar de que no fue ejecutado, y donde apenas se han recuperado algo más de $4
mil millones.
El proyecto donde se dieron estas
irregularidades, desarrollado a través del Convenio Especial de Cooperación No.
734 de 2013, corresponde a una investigación sobre el corredor agroecológico
caribeño (Córdoba y La Guajira) en la cuenca del Río Sinú, ejecutado por la
Corporación Áreas Naturales Protegidas -ANP y la Corporación Nacional de
Investigación y Fomento Forestal -CONIF-
El objeto de este proyecto,
contratado en momentos en que ejercía el cargo de Gobernador el señor Alejandro
Lyons, era hacer unas investigaciones sobre temas de agua, reforestación y
mejoramiento de la cuenca del río, actividades que nunca se realizaron, por lo
que la administración de su sucesor, Edwin Besaile, decidió a mediados de 2017
liquidar este contrato, por incumplimiento del mismo, y ordenar la devolución
de los dineros pagados, con sus respectivos intereses.
Sin embargo, este proceso
coactivo no ha tenido mayor resultado, dado que los únicos dineros recuperados
por la Gobernación de Córdoba corresponden a la devolución de $4.716 millones
del valor de la póliza, que estaba establecida en un 10 por ciento del valor
del contrato.
No se ha podido recuperar ningún
otro valor adicional de lo que se ordenó en la liquidación del convenio, por lo
que la Contraloría considera que no han sido efectivas las gestiones de cobro
emprendidas por la Gobernación.
Según la Unidad de Regalías de la
CGR, “Frente a la liquidación del convenio especial de cooperación No. 734 –
2013, se observa un posible detrimento que se determina en que la entidad
auditada (Gobernación de Córdoba) no ha realizado las gestiones pertinentes e
indicadas para la recuperación de la totalidad de los recursos cancelados a los
Cooperantes Corporación Áreas Naturales Protegidas -ANP y la Corporación
Nacional de Investigación y Fomento Forestal -CONIF-, establecidas en el acto
administrativo No. 004 del 15 de agosto de 2017, generando una afectación al
patrimonio del Estado”.
La investigación de la
Contraloría tiene relación con el no reintegro del dinero que la misma
Gobernación de Córdoba ordenó, dado que no se han hecho las acciones efectivas
de cobro requeridas en este caso, explicó la Contralora Delegada Sectorial,
Lina María Guarnizo Tovar, líder de la Actuación Especial de Fiscalización que
realizó la Contraloría General de la República en Córdoba, durante el primer
semestre del presente año.
Presuntos responsables
En esta Actuación se revisaron
los proyectos más cuantiosos suscritos por la Gobernación de Córdoba entre los
años 2013 y 2015, financiados con recursos del Sistema General de Regalías,
obteniendo como resultado 14 hallazgos administrativos*, 8 de ellos con
presunta connotación fiscal por $69.507 millones (suma que incluye los $45.083
millones del hallazgo que involucra a los tres últimos Gobernadores).
En estos $45.083 millones se
incorpora el hallazgo fiscal de $3.428 millones correspondientes al valor de la
interventoría del convenio, ejecutada por la Universidad Francisco José de
Caldas, por no cumplir debidamente sus funciones y obligaciones, al autorizar
desembolsos sin que se ejecutaran las actividades del objeto contractual.
La Contraloría ha identificado
como presuntos responsables del hallazgo fiscal por $45.083 millones a:
*Alejandro José Lyons Muskus
Gobernador de Córdoba en el
período 2012-2015 en que se ejecutó el convenio, y considerado presunto
responsable toda vez que la delegación de funciones no exime de
responsabilidad.
*Edwin José Besaile Fayad,
Gobernador de Córdoba, período 2016 hasta el 18 de enero de 2018, ejercía este
cargo durante la ejecución del convenio (entre los años 2016 y 2017).
*Sandra Patricia Devia Ruiz,
Gobernadora (E) de Córdoba (desde el 19 de enero de 2018 a la fecha), por no
ejercer acciones efectivas para obtener resultados del cobro coactivo.
*Farid Saker García, Jorge Iván
Ríos Urueta y Jaime Isaac Pareja Nader
Directores del Departamento
Administrativo de Planeación, Supervisor del contrato, por autorizar pagos con
base en informes del interventor del Convenio, sin supervisar su ejecución.
*Jesús Eugenio Henao Sarmiento,
Germán Raúl Martínez Layton y Héctor Jaime Villa Campillo, en su calidad de
representantes legales de la Corporación Áreas Naturales Protegidas -ANP,
responsable de la correcta ejecución del Convenio de Cooperación como firmante
del mismo.
*Inocencio Bahamón Calderón,
representante legal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por
autorizar pagos a la Gobernación de Córdoba de un proyecto sin ejecución.
Hallazgo se sumará a
proceso de
responsabilidad fiscal en
curso
Vale señalar que, por este mismo
caso, la Contraloría adelanta desde julio de 2017 un proceso de responsabilidad
fiscal por una cuantía de $4.050 millones, contra los exgobernadores de Córdoba
Alejandro Lyons y Edwin Besaile, supervisores, interventores y contratistas
entre otros, por presuntas irregularidades relacionadas con la intermediación
del convenio (los contratistas o cooperantes subcontrataron algunas actividades
a menor valor de lo presupuestado).
La Contraloría sumará el nuevo
hallazgo fiscal por $45.083 millones a ese proceso de responsabilidad fiscal en
curso, vinculando estos nuevos recursos y a los presuntos responsables por
omisión en la recuperación de los dineros pagados.
Irregularidades en
convenio ejecutado por la CUN
Por otro lado, la Actuación
Especial de Fiscalización adelantada en el departamento de Córdoba por la CGR
arrojó también un hallazgo con incidencia fiscal por valor de $9.628 millones
de pesos, por irregularidades en el manejo de los recursos públicos en el
proyecto de “Fortalecimiento de la cultura ciudadana y Democrática en ciencia, tecnología,
e innovación a través de la investigación como estrategia pedagógica apoyada en
las tics en el departamento de Córdoba”.
Este proyecto tiene un valor de
$46.431 millones de pesos, de los cuales $42.503 millones pertenecen al Sistema
General de Regalías. Es de destacar la importancia del rol del interventor en
este proyecto, pues las irregularidades causales del hallazgo, fueron
advertidas por éste al organismo de control.
Para el desarrollo del proyecto,
se firmó en diciembre del 2013 el convenio especial de cooperación entre la
Gobernación de Córdoba y la Corporación Unificada de Educación Superior (CUN),
que presenta a la fecha irregularidades relacionadas con los pagos de actividades
no contempladas dentro del contrato, saldos sin comprometer, giros de dineros
por presuntos conceptos injustificados, no soportados y no ejecutados, e
intermediación innecesaria del convenio especial de cooperación.
Escenarios deportivos con
fallas estructurales
Llaman también la atención dos
proyectos relacionados con la construcción de escenarios deportivos en los
municipios de Planeta Rica y Cotorra, por tratarse de obras de infraestructura
de gran cuantía que se encuentran con un porcentaje de ejecución física y
financiera del 100%, ya han sido entregadas, pero presentan gran deterioro y
fallas estructurales que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios.
En el caso de Planeta Rica, la
CGR configuró dos hallazgos administrativos con presunta incidencia fiscal. Uno
de ellos, por valor de $1.701 millones de pesos, por el proyecto “Construcción
y adecuación de la unidad deportiva local etapa I”, de $9.173 millones de
pesos.
El otro hallazgo, de $765
millones, tiene que ver con el mismo complejo deportivo, por el proyecto “…para
la construcción de obras complementarias del estadio de fútbol y obras de
urbanismo de la unidad deportiva”, de un valor de $3.859 millones de pesos.
En ambos casos, se determinó que
los productos entregados presentan deficiencias en la calidad y el diseño de la
obra, que impiden cumplir plenamente su finalidad y hacer uso de la totalidad
de la infraestructura.
En el caso del municipio de
Cotorra, el objeto del proyecto era “Mejorar las condiciones para la práctica
del deporte (…) mediante la construcción de un estadio y un bioparque”, por un
valor total de $6.331 millones de pesos.
Sin embargo, la Contraloría
encontró deficiencias en la calidad de la obra, así como obras sin
funcionamiento e incompletas, pago de valores diferentes a lo contratado, y un
deficiente desempeño de la interventoría, por lo que configuró un hallazgo
administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $4.054 millones de
pesos.
Proyecto cacaotero fallido
Finalmente, se destaca un
hallazgo fiscal por valor de $5.511 millones de pesos, correspondientes a los
pagos realizados por la Gobernación de Córdoba al contratista del proyecto “Aplicación,
aislamiento y mantenimiento de sistemas agroforestales como estrategia para la regulación
hídrica, conservación de suelos y mejorar la productividad de regiones
deprimidas del departamento de Córdoba”.
El proyecto fue aprobado en el
año 2013, por un valor total de $6.725 millones de pesos, financiados en su
totalidad con fondos del Sistema General de Regalías.
El objetivo final era la regulación
hídrica, conservación de suelos y mejoramiento de la productividad de regiones
deprimidas del Departamento de Córdoba, mediante la implementación de parcelas
productivas de cacao, plátano y árboles maderables, para brindar a los pequeños
agricultores un medio seguro de subsistencia.
Sin embargo, en el análisis
realizado por la CGR se encontraron fallas en la planeación, estructuración y
aplicación del proceso constructivo de los sistemas agroforestales, que derivó
en la ausencia de producción y, por tanto, no se cumplió con la finalidad del
proyecto.