El Consejo de Estado dejó en firme la investidura de el senador Gustavo Petro Urrego, al considerar que no existió una violación al régimen de inhabilidades.
El Consejo de Estado determinó que pese a que existen tres condenas emitidas por la Contraloría de Bogotá contra Petro cuando fue Alcalde estas no dan lugar para declarar su «muerte política».
El máximo tribunal de lo contencioso administrativo indicó que para que se produzca la causal de pérdida de investidura, debe existir una sentencia judicial que pruebe que una actuación dolosa o gravemente culposa del congresista como servidor público haya dado lugar a una condena de reparación patrimonial en contra del Estado.
